3 de octubre de 2024. Guatemala.
El Congreso de la República debe cumplir con el mandato constitucional de elegir a los magistrados y magistradas que integrarán la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones para el periodo 2024-2029. La Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes ordinarias y los estándares internacionales señalan que la elección debe basarse en una evaluación -pública y razonada- sobre el mérito, la idoneidad, honorabilidad, independencia, capacidad y honradez acreditadas.
Las decisiones en el Congreso ocurren ante la atenta mirada de la ciudadanía, las autoridades indígenas, así como de la comunidad internacional. En estos momentos cruciales, donde Guatemala se juega su democracia, el Panel de Personas Expertas Independientes se permite subrayar:
- Las acciones de criminalización y persecución indebida por parte del Ministerio Público relacionadas con el proceso de selección y elección de las altas cortes de justicia, han sido una de las principales preocupaciones expresadas por el panel desde nuestro primer comunicado e informe. Estas acciones deben parar. Son absolutamente inaceptables. El resto de las autoridades y los otros poderes en el país, así como desde el ámbito internacional, tienen que ser firmes en exigir que este tipo de actos son una interferencia indebida que afecta directamente la renovación del Poder Judicial.
- El Congreso de la República debe de garantizar la transparencia, así como el derecho ciudadano de participación y escrutinio público, amparados por los estándares internacionales. En este sentido, la Constitución garantiza el libre acceso a dependencias del Estado para hacer valer sus derechos. El panel rechaza las acciones encaminadas para impedir o limitar el acceso de la ciudadanía, en particular de las autoridades indígenas, a los espacios de toma de deliberación y toma de decisión.
- El panel hace suyos los planteamientos que la misión especial de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha presentado ante el Consejo Permanente de la OEA.
- Reiteramos nuestro llamado para aplicar la Guía de estándares internacionales presentada por el panel que, entre otros, llama a excluir a quienes hayan incurrido en conflicto de interés, así como a quienes han intervenido en actos de criminalización, tengan señalamientos por corrupción o hayan llevado a cabo acciones para socavar la democracia en Guatemala.