Las recomendaciones del PEI-GT para la reforma urgente del modelo de elección de las cortes de justicia

Luego de observar el proceso de selección y elección de las altas cortes de justicia en Guatemala, el Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT), propone algunas ideas para la reforma urgente del modelo. Las elecciones recientes hacen patente la necesidad de reformas para mejorar el sistema actual, incluyendo la Constitución, una revisión a la Ley de Comisiones de Postulación y a la Ley de la Carrera Judicial, así como normativas que regulen la elección de integrantes de las comisiones de postulación y el procedimiento ante el Congreso de la República.

1. Deben existir reglas previamente establecidas para la elección de integrantes de las comisiones de postulación. Se debe establecer el perfil deseado para las y los comisionados, a partir de las experiencias para valorar el perfil de candidatos a las altas cortes, donde la honorabilidad, la lucha por los derechos humanos y la conducción conforme a los valores democráticos tienen que ser los principales criterios en la elección. Quienes integren las comisiones no deben tener acusaciones sustentables de comisión de delitos, quejas de violaciones a derechos humanos, entre otros. Deben tener una trayectoria intachable y ajena a intereses gremiales y/o particulares.
2. Se debe reconsiderar si la composición actual de las comisiones de postulación, tanto en cantidad como en pertenencia de los integrantes, es la adecuada. Se debe valorar la participación, por ejemplo, de autoridades indígenas e integrantes de la sociedad civil que históricamente se hayan dedicado a observar y participar en los procesos de elección.
3. El Congreso no debe elegir a los magistrados para la Corte de Apelaciones. El panel se une a las voces que cuestionan lo inapropiado que resulta someter al estrés institucional la elección de más de 200 magistrados y magistradas para la Corte de Apelaciones. Esta categoría no debe estar expuesta a consideraciones o conexiones políticas para su ingreso o permanencia en la carrera judicial, lo cual compromete su independencia, daña la confianza en el sistema judicial y las decisiones se tornan sospechosas de parcialidad.
4. Resulta conveniente ampliar los periodos de funciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a por lo menos ocho años y realizar renovaciones parciales y escalonadas, que no tengan coincidencia con los mandatos de los otros poderes del Estado. Además, es recomendable que la presidencia de la CSJ tenga un mandato de al menos cuatro años.
5. Los integrantes de las comisiones de postulación no pueden ser candidatos. La Constitución reconoce el derecho de los funcionarios para ser reelectos, como en el caso de los magistrados de la CSJ y de la Corte de Apelaciones, y también les impone el deber de formar parte de las comisiones de postulación. La respuesta ante el dilema es de carácter ético: abstenerse de optar por la reelección o bien de integrar alguna de las comisiones. Esta regla opera para los representantes de los  diferentes sectores: decanos, abogados o magistrados.
6. Urge regular el procedimiento de elecciones en el Congreso. El panel elaboró una guía que puede servir de base para discutir y reglamentar el procedimiento de elecciones de altas cortes para garantizar a la ciudadanía que las elecciones no se efectúan por intereses partidarios.
7. Elaborar un reglamento que desarrolle con carácter general cada uno de los pasos que le corresponde ejecutar a las comisiones de postulación, con el objeto de evitar que en cada elección tengan que aprobar los instrumentos internos: perfiles, tabla de gradación, funcionamiento de las comisiones, guía para la elaboración de la hoja de vida de los postulantes, formularios de inscripción, impedimentos, etc.
8. Debe quedar debidamente regulado en la Ley de Comisiones de Postulación qué es y que se entiende por idoneidad, honorabilidad y mérito. También debe definirse cuáles serán las acciones, sanciones o condiciones que constituyen un menoscabo a la honorabilidad.
9. No se puede pensar en una reforma del sistema de justicia, sin pensar en una reforma profunda al Ministerio Público. Esta institución ha jugado en los últimos años un papel que ha limitado el crecimiento democrático; se ha utilizado y pervertido la institución para fines personales o de grupos corruptos que han actuado en contra de los valores democráticos. Se debe retomar la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre llevar a cabo un diagnóstico del Ministerio Público y desde la mirada de este panel, debe incluir el Poder Judicial.