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Ciudad de Guatemala, 07 de enero de 2026.
En el marco de la elección de los representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) ante la Comisión de Postulación que designará a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Panel de Personas Expertas Independientes de Guatemala (PEI–GT) celebra el interés y la gran participación de los agremiados y agremiadas en un proceso tan relevante, así como la transparencia del proceso desarrollado el lunes recién pasado.
Lo ocurrido en la primera vuelta de la elección desarrollada en el CANG demuestra -como hemos dicho desde nuestra primera visita-, que es posible llevar a cabo procesos democráticos en los que se elija a personas idóneas para el cargo que deben ocupar. La participación desde las bases, desde la propia ciudadanía organizada, es crucial para recuperar las instituciones de justicia en Guatemala.
La democracia demanda que todas y todos los guatemaltecos se involucren en las decisiones más importantes del país, como, por ejemplo, quién ocupará el cargo de Fiscal General del Ministerio Público (MP) y quiénes integrarán la Corte de Constitucionalidad (CC).
Es importante que lo que ocurrió en la primera vuelta de la elección del CANG inspire a quienes han pasado a la segunda vuelta a desarrollarse el próximo 13 de enero. También, que sea el ejemplo que guíe a una participación activa en el proceso de elección de autoridades máximas del Ministerio Público y de la Corte de Constitucionalidad.
Guatemala requiere que las personas más capacitadas y con mejor perfil se postulen para ocupar estos cargos.
Es también crucial que la ciudadanía organizada exija con fuerza que, del mismo modo transparente, público y con criterio de mérito, se renueve el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (CSU-USAC), y se conformen y adopten las decisiones pertinentes en los órganos encargados de los procesos de elección del Ministerio Público y Corte de Constitucionalidad.
Seguiremos de cerca estos procesos, procurando aportar, en el marco de nuestras funciones, para que a través de ellos el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad sean integrados por los perfiles más capacitados y honorables del país.