Preocupación por posibles irregularidades en la USAC en la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad 

El Panel de Personas Expertas Independientes de Guatemala (PEI-GT), ante la próxima elección de un/a magistrado/a titular y uno/a suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), manifiesta su profunda preocupación y comunica lo siguiente: 

1. Persisten graves irregularidades en la integración del CSU. La permanencia de personas con mandatos vencidos, la falta de convocatoria a elecciones para renovar el Consejo y el bloqueo a la toma de posesión de representantes legítimamente electos vulneran y defraudan las normas internas de la Universidad. En consecuencia, cualquier decisión adoptada por un órgano integrado de forma anómala —incluida la designación de magistrados— es ilegítima, atenta contra la institucionalidad democrática y corre el riesgo de ser declarada nula.
2. Resulta inaceptable que personas con mandatos expirados, que continúan en el cargo con base en reformas reglamentarias hechas a conveniencia, participen o influyan en la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Esta situación compromete la legalidad y legitimidad del proceso de designación, generando inseguridad jurídica y afectando la institucionalidad democrática.
3. La falta de respeto a los principios democráticos internos en la Universidad, agrava el riesgo institucional. Es indispensable proceder a la toma de posesión de las autoridades elegidas por los colegios profesionales y otras entidades, así como avanzar en la renovación de decanaturas y otras autoridades con mandatos vencidos, que actualmente tienen voz y voto en la elección de magistrados.. 

Riesgos del proceso y estándares que deben cumplirse 

4. La designación de magistraturas de la CC no debe recaer en perfiles que carezcan de honorabilidad. Preocupa que una eventual convocatoria realizada por un CSU integrado de manera anómala derive en la designación de personas que no cumplen con el perfil requerido para el cargo. Personas con sanciones internacionales o que desde el servicio público han criminalizado a quienes defienden los derechos humanos y la justicia, o han actuado contra los principios democráticos y la ley, no pueden ser candidatas para integrar órganos de máxima relevancia, como la Corte de Constitucionalidad o la Fiscalía General de la República. 

5. El perfil de las personas que elija el CSU debe responder a los retos institucionales del país. Las personas designadas deben garantizar la observancia del orden jurídico nacional e internacional y contar con experiencia probada, honorabilidad incuestionable, independencia e idoneidad, asegurando la independencia judicial, la justicia para todas las personas y el respeto a los valores democráticos. 

Ante este contexto, el PEI-GT insta al Consejo Superior Universitario a actuar conforme a la ley y, en ese sentido, a:

• Permitir la toma de posesión inmediata de los representantes y autoridades legítimamente electos;
• Realizar las convocatorias correspondientes, conforme a la normativa vigente, para los procesos de elección pendientes;
• Respetar el principio de temporalidad y renovación de los cargos, recordando que la actuación de personas con mandatos vencidos es inválida y genera un grave daño a la democracia;
• Revisar y regularizar los actos, normativas o reglamentos aprobados por órganos cuya integración sea anómala;
• Garantizar que el proceso de elección de magistrados de la CC se realice conforme a los estándares internacionales de independencia judicial y elección de Altas Cortes. 

En particular, el proceso de elección debe asegurar: 

• Una convocatoria pública y con tiempo suficiente, que permita la participación en igualdad de condiciones;
• La participación de la sociedad y de los medios de comunicación en todas las etapas del proceso;
• Transparencia y publicidad, con reglas claras, plazos definidos y mecanismos para presentar tachas;
• Una votación conforme a estándares internacionales y buenas prácticas adoptadas por el CSU en 2011, 2016 y 2021; y
• Decisiones debidamente motivadas, basadas en los méritos y razones de cada voto, conforme a los principios de legalidad y publicidad. 

Finalmente, la Universidad San Carlos tiene una responsabilidad legal y moral no sólo frente a los estudiantes, sino también frente a la ciudadanía guatemalteca. La actuación ilegal o irregular del Consejo Superior Universitario compromete la honorabilidad de la Universidad. No hay forma de que una universidad pueda mantener su honorabilidad y su actuar ético intacto si sus actuaciones son contrarias a la ley y a los principios éticos. El mejor ejemplo de enseñanza para cualquier alumno y alumna, son los actos y los principios bajo los cuales se conduzcan las autoridades educativas. 

El PEI-GT hace un llamado a la comunidad sancarlista, claustro de estudiantes y académicos, a exigir a la autoridad el respeto por la democracia interna de la Universidad, a defender la democracia interna de la Universidad, así como a la ciudadanía guatemalteca a exigir instituciones probas, éticas y libres de corrupción, comprometidas con la legalidad, la democracia y la justicia. 

Guatemala merece instituciones de enseñanza probas, con una conducción ética incuestionable y libres de corrupción, que apuesten por la legalidad, la democracia y la justicia para las y los guatemaltecos. Instamos a las y los guatemaltecos a defender sus instituciones.